En este artículo analizamos el caso de éxito de este despacho, relacionado con la aplicación e interpretación de la Ley de Propiedad Horizontal, que dio lugar a un procedimiento judicial entre una Comunidad de Propietarios y el propietario y arrendatario del local de negocio sito en dicha Comunidad.
La litis se inició a instancia del acuerdo alcanzado en Junta Extraordinaria de Propietarios, y cuyo petitum se centraba en la declaración judicial de la ilicitud de las obras realizadas por la empresa que tenía arrendado el local de negocio en la planta baja de este edificio, y la consiguiente demolición de las mismas derivadas de dicha declaración de ilicitud.
De acuerdo a la interpretación realizada por la Comunidad de Propietarios, sostenida por dos informes periciales realizados por arquitectos contratados a tal efecto, las obras realizadas en el local comercial, no contaban con el consentimiento de la Comunidad de Propietarios, afectaban a elementos comunes, vulneraban los estatutos y afectaban a la privacidad y seguridad de los vecinos del edificio.
Ante esto, el propietario y el arrendatario del local de negocio, contrataron los servicios jurídicos de ALCÁZAR, encargando la defensa única de ambas, en el procedimiento judicial incoado.
Los profesionales letrados de este despacho, tras un análisis pormenorizado del caso, poniéndolo en relación con los estatutos de la Comunidad de Propietarios demandante, y el estudio detallado de la jurisprudencia relacionada, orientamos nuestra defensa en base a la no afectación ni de la estabilidad ni de la seguridad del edificio, así como la ausencia de perjuicios a los derechos del resto de propietarios.
Para ello encargamos la realización de otros dos informes periciales, cuyo contenido técnico lo orientamos a dar respuesta a las cuestiones anteriormente expuestas, con la finalidad de mostrar en sede judicial que la interpretación realizada por la Comunidad de Propietarios, no podía aplicarse a este caso, puesto que las obras realizadas, no incumplían los estatutos ni la jurisprudencia.
Y es que, de acuerdo al análisis de los estatutos de la Comunidad de Propietarios, prevaleció la interpretación dada por este despacho en sede judicial, puesto que se entendió que no era necesario el consentimiento de la Junta de Propietarios de la Comunidad, para las obras realizadas en el local comercial, puesto que la única finalidad de éstas fueron adaptarlo a la actividad profesional a cuyo fin se habían realizado.
La sentencia obtenida, a favor de los intereses de nuestros clientes, incluyó la condena en costas a la Comunidad de Propietarios demandante.
En ALCAZAR contamos con profesionales especializados en la Ley de Propiedad Horizontal, por la que se rigen las relaciones propias de las Comunidades de Propietarios. Podremos asesorarle y defenderle con especial dedicación, en todos los asuntos relativos a la aplicación e interpretación de estas cuestiones.
