La Expropiación Forzosa es una potestad que la propia Constitución, en su art. 33.3, le otorga a la Administración para que, por causa de utilidad pública o interés social, pueda disponer de ciertos bienes –específicamente, tiene por objeto la propiedad privada y los derechos o intereses patrimoniales legítimos- que se encuentran en poder de los particulares, a cambio de lo cual se les otorga una indemnización.
Para que la Administración pueda hacer uso de esa potestad que constitucionalmente se le otorga, es necesario realizar un procedimiento legal adecuado, en el que se indicará los bienes objeto de expropiación y el justiprecio a recibir por ésta. A ese respecto, la Ley sobre Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 regula el procedimiento que debe desarrollarse.
En el marco de ese proceso, para el expropiado (particular) resulta trascendental la fase concerniente a la fijación del justiprecio, es decir, el importe que va a recibir por la expropiación realizada sobre sus bienes.
La fijación del justiprecio puede realizarse a través de dos sistemas diferentes. De mutuo acuerdo entre las partes o, en caso de no haber avenencia en relación con el acuerdo, mediante la intervención del Jurado de Expropiación.
Cualquier actuación de la Administración, ajena al procedimiento legal expropiatorio, puede generar graves perjuicios a los interesados, por lo que resulta de vital importancia, el seguimiento pormenorizado de la actuación administrativa.
Así, si bien el expropiado parte de una posición de desigualdad por enfrentarse contra la Administración, lo cierto es que ello solo puede contrarrestarse a través de un asesoramiento legal íntegro que tienda a resguardar sus Derechos frente a la Administración y en el que se vele no solo por la fijación de un justiprecio que no desvalorice el bien objeto de la expropiación, sino también por un escrupuloso cumplimiento del procedimiento legal,
Para ese asesoramiento, GRUPO ALCÁZAR cuenta con un equipo especializado en Expropiación Forzosa, con pleno conocimiento de la legislación y jurisprudencia aplicable, todo lo cual se integra con una práctica que involucra la plena dedicación de sus profesionales, la comunicación constante con el cliente y la experiencia en este campo.
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