La Unión Europea sigue firme en su apuesta por la aprobación de planes y normas, cada vez más estrictas, en su lucha contra la corrupción. En esta línea, se ha aprobado un nuevo paquete de propuestas y medidas que pretende alcanzar objetivos muy ambiciosos en la cruzada contra la corrupción en los Estados Miembros y en el seno de la propia UE.
La Comisión Europea ha manifestado su intención de, a partir de las medidas vigentes, intensificar esfuerzos para integrar la prevención de la corrupción en la formulación de las políticas y programas de la UE, apoyando de forma activa a los Estados Miembros a seguir trabajando en esta misma dirección.
Este mismo mes de mayo, la propia Comisión Europea ha presentado un nuevo conjunto de medidas destinado a aumentar la persecución de los delitos de corrupción, con mayor severidad, armonizando además las sanciones, que serán agravadas, en toda la UE. Proponiendo también la creación de un régimen específico de sanciones de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) que combata los actos graves de corrupción en todo el mundo.
La UE pretende crear una Red Europea Anticorrupción que aúne a Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, Autoridades Públicas, profesionales y sociedad civil que consiga intensificar el la lucha e intolerancia con las conductas ilícitas relacionadas con la corrupción en el seno de la Unión Europea.
La creación de una concienciación social a nivel europeo sobre el problema general que supone la corrupción será uno de los pilares de la UE en la formulación de nuevas medidas. Se pretende que el sector público rinda cuentas con los más altos niveles de exigencia, creándose organismos especializados en la vigilancia y lucha contra la corrupción, dotando de los recursos y la formación pertinente a las autoridades encargadas de este trabajo.
Estos planes no hacen más que introducir una nueva vuelta de tuerca a la tendencia que ha adoptado la UE en los últimos años. Una de las medidas más relevantes y que recientemente se ha integrado ya por completo en nuestro ordenamiento jurídico nacional, es la Ley 2/2023 o Ley Whistleblowing, que ha supuesto la obligación de disponer de un Canal de Denuncias a todas las empresas de 50 o más empleados, así como a todas las Administraciones Públicas y entidades del sector público, a fin de habilitar la opción de que las personas físicas puedan informar de acciones u omisiones que puedan ser constitutivas de infracciones del Derecho de la Unión Europea, ilícitos penales y administrativos graves y muy graves, protegiéndose a los informantes de cualquier posible represalia que pudieran sufrir por ello.
En GRUPO ALCÁZAR contamos con un amplio equipo de profesionales en materia penal económico y Compliance, los cuales están a su disposición para brindarles asesoramiento en cualquier cuestión que requiera, así como para asesorarle en la implementación de las medidas y mecanismos obligatorios para dar cumplimiento al conjunto de medidas establecidas en el ámbito de la lucha contra la corrupción.
Nuestros equipos profesionales especializados en esta materia están capacitados para ofrecerle el mejor servicio en la implantación y gestión del Sistema Interno de Información que gestione el Canal de Denuncias en su organización con las máximas garantías.
