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En publicaciones anteriores hemos desgranado el contenido de la Directiva Comunitaria 2019/1937, más conocida como Directiva sobre Whistleblowers, la cual, desde el 17 de diciembre de 2021, debía estar ya traspuesta al ordenamiento jurídico interno del Estado español.
Vivimos tiempos en los que las nuevas referencias sociales son esas figuras que se han venido a denominar como “influencers”, definidos por la RAE como personas con capacidad para influir sobre otras, principalmente a través de las redes sociales.
El delito de descubrimiento y revelación de secretos se encuentra regulado en los artículos 197 a 201 del Código Penal, regulándose en ellos los distintos elementos para la consumación del delito.
Laura Codruța Kövesi, fiscal general europea y José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado (CGN) han suscrito un convenio de colaboración en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
El próximo 17 de diciembre es la fecha tope para que el Estado español trasponga al ordenamiento jurídico español la Directiva Comunitaria conocida como Directiva de los Denunciantes. Explicamos cómo afecta a la organización de entidades públicas y privadas este nuevo mecanismo interno de denuncia.
En este artículo hablamos sobre las obligaciones de información que pesan sobre los profesionales en materia de blanqueo de capitales e, incluso, en los que se condenan a profesionales por su activa participación en tales actividades.
En fechas recientes ha dictado el Tribunal Supremo sentencia anulando la condena de cuatro acusados de delito fiscal, por una supuesta defraudación de más de quinientos sesenta y cinco mil euros de IVA. El Alto Tribunal analizó los plazos en los que la Agencia Tributaria realizó actos de comprobación a los investigados, llegando
Consabido es que desde la modificación del Código Penal introducida en el año 2010 las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables de varios delitos y, en consecuencia, soportar el amplio catálogo de penas asociadas a dichas conductas ilícitas, que pueden ir desde la disolución de la persona jurídica, hasta la clausura de establecimiento,
Estudiamos la responsabilidad penal frente a la Hacienda pública de las personas jurídicas tras la reforma del Código Penal en 2010, para ello tomamos el caso de un club de fútbol madrileño condenado por delitos fiscales.
Una de las claves del delito fiscal reside en la cuantificación de la cuota defraudada a partir de la cual el ilícito administrativo pasa a ser penal, debiendo exceder de los 120.000 €.En este artículo explicamos cómo cuantificar la cuota defraudada en los delitos fiscales.